15/02/2020
Los empresarios denuncian que la sociedad urbanística municipal incumple la ley y la responsabiliza de retrasos en obras. La asociación de constructores habla de amenazas del Ayuntamiento y de un comportamiento «tirano». En seis casos se acumula una deuda de unos diez millones de euros.
María de la Salud Gil, en la rueda de prensa que ofreció este viernes en la capital grancanaria
Javier Darriba
Rebeca Díaz
Las Palmas de Gran Canaria
La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP) , María de la Salud Gil, acusó ayer a la sociedad municipal de gestión urbanística, Geursa, de incumplir los reglamentos de contratos del sector público, al fomentar bajas temerarias, y la ley de morosidad, al retrasarse en los pagos a las empresas, lo que no solo está provocando retrasos en las obras sino también su encarecimiento final y la debilitación de las estructuras empresariales.
La AECP ha muestreado 70 obras adjudicadas por Geursa entre 2018 y 2019 para demostrar que sus criterios de adjudicación «casi imposibilitan que las bajas no sean desproporcionadas». De acuerdo a su revisión, el 73% de las obras «se adjudicaron con bajas de entre el 30% y el 40% del precio inicial»; otro 20% de las obras fue encargado a propuestas que representaban entre el 20% y el 30% de baja; y solo un 7% tenían una baja de entre el 10% y el 20%.
Salud Gil aclaró que la ley solo permite bajas del 30% en el presupuesto de licitación de forma excepcional, «cuando lleve aparejada una justificación de acopio, de maquinaria que reduzca los plazos...». Sin embargo, denuncia que Geursa «los reduce en un 50%». En su opinión, la sociedad municipal «actúa en piratería administrativa, se apropia de lo que no es suyo».
Las bajas temerarias están teniendo una consecuencia directa en el ritmo de las obras. «Cuando se adjudica con un 40% de baja, usted sabe que va a haber una ralentización de la obra», añadió. La primera fase de la obra de la MetroGuagua -que fue adjudicada con un 48% de baja-, la reposición de Tamaraceite o la pasarela Onda Atlántica fueron los casos expuestos como ejemplos de esta situación.
Las setenta obras analizadas fueron licitadas por un presupuesto de 59 millones de euros, si bien la adjudicación se quedó en 45 millones de euros, «lo que significa un desfase a favor de no se sabe quién de unos catorce millones de euros».
A esto se añade el problema de los impagos por parte de Geursa. Según Salud Gil, la información que ofrece la empresa pública sobre el periodo medio de pago es de 151 días, algo que calificó de «mentira». «Son muchos más», aseguró, «nosotros hemos detectado 190 días de media, aunque hay empresas que llevan tres años esperando por cobrar».
Los constructores han hecho un análisis de una docena de expedientes y han calculado que la deuda con las empresas adjudicatarias en estos casos ronda los diez millones de euros. Salud Gil no quiso detallar las obras afectadas para no afectar a las empresas, pero insistió en que Geursa incumple la ley de morosidad, «tiene un comportamiento tiránico y eso lo sufren cada día nuestras empresas». De hecho, asegura que hay constructoras que han dejado de participar en los concursos del Ayuntamiento porque la morosidad municipal las empuja a la quiebra. «Geursa actúa debilitando las estructuras empresariales, se enriquece injustamente a costa de las empresas e impide el crecimiento y consolidación de las pymes», prosiguió.
La lista de agravios se completa con la actitud de los responsables de la empresa pública. «Te tratan mal, con amenazas soterradas y te obligan a litigar», prosigue.
Esto ha generado una «reacción airada» de una veintena de socios de la AECP, que va a buscar el apoyo jurídico de la Confederación Nacional de la Construcción para «demandar a Geursa con todas nuestras fuerzas».
Los constructores aseguran que desde ahora vigilarán los pliegos de los contratos para impugnar aquéllos que permitan bajas temerarias.
Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, adelantó que van a pedir una reunión con el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo. «Debe revisar lo que está haciendo Geursa», aseveró. Por su parte, el regidor socialista dijo que en sus mandatos se han hecho 250 obras y que no ha habido incumplimientos con las empresas. Aseguró que se paga en tiempo y forma.
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