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CONCEJAL JAVIER DORESTE ¡¡¡ DIMISIÓN !!!

lunes, 4 de febrero de 2019

El Gobierno solo tiene suelo para construir unas cien casas en la capital

04/02/2019

El Instituto Canario de Vivienda asegura que dispone de tres solares en los que podría levantarse un centenar de pisos, pese a que el Ayuntamiento dijo que le había cedido suelo para unas 2.000 viviendas



El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) asegura que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solo ha puesto a su disposición tres solares para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública. Según los cálculos hechos por la directora de esta entidad, Pino de León, sobre ellos se podrá levantar alrededor de cien casas con las que atender las necesidades que tienen los demandantes de casas públicas.

Estas cifras están lejos de las ofrecidas por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, quien aseguró que la ciudad le había ofrecido suelo suficiente como para edificar unas 2.000 viviendas.

Según Pino de León, las nuevas viviendas estarían ubicadas en la Vega de San José (alrededor de veinte), en Las Mesas (unas cincuenta) y en la calle Reyes Católicos, en Vegueta (unas treinta).

La Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias ha iniciado ya el procedimiento para la redacción de los proyectos de las tres promociones de vivienda pública, con lo que se espera que este mismo año se saque el concurso de la obra. «A lo mejor nos da tiempo de adjudicarlas este año», detalló la directora del Instituto Canario de la Vivienda.

De momento se desconoce el montante de la inversión que requerirán estas tres actuaciones, pero si se tiene en cuenta el gasto en otras promociones -en El Hierro se va a poner en breve la primera piedra de un grupo de veinticuatro viviendas que ha requerido tres millones de euros de gasto- puede hacerse una estimación que rondaría los doce millones de euros en las nuevas promociones de Las Palmas de Gran Canaria.

La edificación de este centenar de casas protegidas será la primera acción del Gobierno de Canarias en los últimos diez años, algo que Pino de León atribuye a los efectos de las crisis. «Partimos de una situación no normalizada», reconoció la directora del Icavi, «partimos de una década de inacción que ha tenido como única causa la crisis» económica que afectó a España desde 2008.

Según explicó, los recortes económicos afectaron a los planes estatales y a la propia capacidad de financiación del Gobierno canario.

Sin polémicas

La directora del Instituto Canario de la Vivienda no quiso polemizar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto a las diferencias que existen entre las dos instituciones en relación a la bolsa de suelo cedida por el municipio al Gobierno de Canarias para la construcción de viviendas públicas.

Y se mostró partidaria de reconducir la situación en un ambiente de colaboración entre las dos instituciones. Desde el Icavi se recuerda que aunque la competencia en la construcción del parque público de viviendas es del Gobierno de Canarias, no se puede iniciar ninguna edificación si antes los municipios canarios no le ceden suelo.

Pino de León pone como ejemplo de ello la situación que se está produciendo en Arrecife de Lanzarote. «Allí el Ayuntamiento nos tienen que ceder una superficie de unos 7.500 metros cuadrados para poder levantar unas doscientas viviendas y todavía no se ha podido formalizar la cesión», detalló la responsable del Icavi, «estamos desesperados porque no podemos licitar el proyecto hasta que no se materialice la cesión».

«El problema de la vivienda no es responsabilidad de una institución solo», prosiguió.

El Instituto Canario de la Vivienda resaltó la necesidad de que las cuatro grandes ciudades de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Telde) adopten un papel más activo en la cesión de bolsas de suelo al Gobierno de Canarias para promover nuevas viviendas públicas. Los cuatro enclaves urbanos son los que soportan más paro, los que tienen más carencias sociales y los que engloban a un mayor número de demandantes de estos recursos.

«Las Palmas de Gran Canaria es uno de los municipios donde se necesita una mayor colaboración, al margen de perspectivas partidistas y electorales, y que las instituciones seamos capaces de tener altura de miras para atender a estas familias», expuso la responsable de la política de vivienda del archipiélago.

El Instituto Canario de la Vivienda ha solicitado a los municipios de todas las islas que les ofrezcan cesiones gratuitas de suelo para proseguir con la construcción de pisos protegidos. Respecto a la respuesta de Las Palmas de Gran Canaria, Pino de León dijo no tener constancia alguna.

Sin embargo, el concejal de Vivienda del Consistorio capitalino, Javier Doreste, se mostró reacio a ceder más suelo porque como no hay un cronograma de actuaciones, una renuncia sine die de terrenos podría retrasar planes de reposición como el de Las Rehoyas. Al respecto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se quejó de que no se haya impulsado todavía el nuevo plan de vivienda de Canarias (2019-2022).

Planificación

La directora del Instituto Canario de la Vivienda explicó en este sentido que se está ultimando el documento del plan de vivienda, que se quiere tener «aprobado y en vigor» antes de que acabe el presente mandato. Así, indicó que «se hará llegar» el documento a la Federación Canaria de Municipios para que los alcaldes presenten las alegaciones que estimen oportunas y se mejore el plan final.

Pino de León destacó que el plan de vivienda de Canarias será instrumento que ofrecerá garantías a los municipios en el papel que les corresponde en materia de vivienda, y les dará garantías de financiación y utilización de recursos públicos. «En los próximos meses tendremos el plan canario de vivienda, que va a servir para planificar la acción y que se convertirá en un instrumento clave de coordinación» con los ayuntamientos de las islas.

La directora del Icavi adelantó también su intención de fijar una cita con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para «establecer una línea de colaboración para que (el municipio) ponga el suelo que se necesita, lo antes posible, a disposición del Gobierno de Canarias».
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